Nuevamente el Royalty a la Minería aparece como tema de debate en la opinión pública chilena. Esta vez por la posibilidad de que sea una de las alternativas que permita financiar parte de la reconstrucción del país producto del devastador terremoto que nos azotó el pasado 27 de febrero. Una reconstrucción que puede implicar la escalofriante suma de 30.000 millones de dólares, un tercio de los cuales el estado tiene que financiar sí o sí.
Y la pregunta que surge inmediatamente es ¿cómo? ya que las alternativas de financiamiento, cual más cual menos, dejarán heridos en el camino.
a) Reasignar el presupuesto: De no mediar incrementos presupuestarios, los distintos ministerios deberán apretarse el cinturón, lo mismo que algunas regiones del país que funcionarán con un presupuesto menor al esperado, lo que las llevará a posponer la ejecución de proyectos y programas.
b) Vender empresas del Estado: La privatización de empresas públicas es un tema políticamente sensible e impopular, aunque sólo se hable de enajenar una mínima parte de Codelco.
c) Utilizar parte del ahorro que Chile tiene en el exterior: La entrada de fondos desde el exterior y la rápida liquidación de divisas en el mercado local implicaría una depreciación del valor del dólar (cae el tipo de cambio), perjudicando así al sector exportador chileno.
d) Contratar préstamos con organismos multilaterales: Si bien el BID y otros organismos internacionales ya están dispuestos a financiar obras de reconstrucción, nadie puede asegurar que sean créditos con tasas blandas y que ésta medida no vaya a tener efectos sobre el tipo de cambio.
e) Endeudamiento interno: Recurrir a endeudamiento doméstico en montos importantes, generaría un aumento en la tasa de interés.
Y la pregunta que surge inmediatamente es ¿cómo? ya que las alternativas de financiamiento, cual más cual menos, dejarán heridos en el camino.
a) Reasignar el presupuesto: De no mediar incrementos presupuestarios, los distintos ministerios deberán apretarse el cinturón, lo mismo que algunas regiones del país que funcionarán con un presupuesto menor al esperado, lo que las llevará a posponer la ejecución de proyectos y programas.
b) Vender empresas del Estado: La privatización de empresas públicas es un tema políticamente sensible e impopular, aunque sólo se hable de enajenar una mínima parte de Codelco.
c) Utilizar parte del ahorro que Chile tiene en el exterior: La entrada de fondos desde el exterior y la rápida liquidación de divisas en el mercado local implicaría una depreciación del valor del dólar (cae el tipo de cambio), perjudicando así al sector exportador chileno.
d) Contratar préstamos con organismos multilaterales: Si bien el BID y otros organismos internacionales ya están dispuestos a financiar obras de reconstrucción, nadie puede asegurar que sean créditos con tasas blandas y que ésta medida no vaya a tener efectos sobre el tipo de cambio.
e) Endeudamiento interno: Recurrir a endeudamiento doméstico en montos importantes, generaría un aumento en la tasa de interés.
f) Aumentar impuestos: Alternativa de partida impopular que tiene efectos negativos sobre la actividad económica:
Un aumento en el IVA ocasionaría una disminución en el consumo, gravaría sobre quienes están viviendo directamente la catástrofe y perjudica a los más pobres.
Incrementar la carga tributaria a las Pymes provocaría un aumento en la tasa de desempleo y generaría estancamiento en la producción.
Aumentar el impuesto a las grandes empresas -aún cuando el gravamen del 17% a las utilidades es inferior al de las economías europeas y al de las de América Latina- un aumento de éste generaría un menor incentivo a la inversión afectando el crecimiento del país y un probable traspaso de los mayores costos hacia las personas, especialmente en aquellos bienes de primera necesidad que no tengan sustitutos.
Si duda existen otras alternativas por analizar, pero es importante recalcar que si bien es de obviedad absoluta que la solución para financiar la reconstrucción pasará por la utilización de un mix de alternativas, cada vez suena más fuerte en la arena política que sea el Royalty minero parte de ese mix. Alternativa ésta última que requerirá de una interesante maniobra de negociación, con un punto de quiebre que va más allá del monto del impuesto.
Aún cuando la tasa que actualmente se aplica en Chile -entre 0% y 5%- sea una de las más bajas del mundo (el royalty a la renta de los recursos naturales en países como Canadá, EEUU y Noruega fluctúa entre 8% y 35%) será el ingrediente legal el que le dará dolores de cabeza al equipo negociador de gobierno.
Hay que recordar que cuando se estableció el Royalty en el año 2005, se agregó un artículo al Decreto Ley 600 que especificaba la invariabilidad tributaria de hasta 15 años a las compañías mineras que suscribieran dicho acuerdo. Por ende una modificación a lo anterior, podría generar que dichas empresas recurran a tribunales internacionales por incumplimiento de los contratos celebrados, lo que sin duda afectaría la competitividad, credibilidad y solidez de nuestro país.
En el mejor de los casos, y de acceder las mineras a reformular el marco legal, se podría esperar que se sienten a la mesa de negociaciones aspirando a un alza leve y transitoria que no se mantenga más allá de ésta situación particular. ¿Será posible?
Un aumento en el IVA ocasionaría una disminución en el consumo, gravaría sobre quienes están viviendo directamente la catástrofe y perjudica a los más pobres.
Incrementar la carga tributaria a las Pymes provocaría un aumento en la tasa de desempleo y generaría estancamiento en la producción.
Aumentar el impuesto a las grandes empresas -aún cuando el gravamen del 17% a las utilidades es inferior al de las economías europeas y al de las de América Latina- un aumento de éste generaría un menor incentivo a la inversión afectando el crecimiento del país y un probable traspaso de los mayores costos hacia las personas, especialmente en aquellos bienes de primera necesidad que no tengan sustitutos.
Si duda existen otras alternativas por analizar, pero es importante recalcar que si bien es de obviedad absoluta que la solución para financiar la reconstrucción pasará por la utilización de un mix de alternativas, cada vez suena más fuerte en la arena política que sea el Royalty minero parte de ese mix. Alternativa ésta última que requerirá de una interesante maniobra de negociación, con un punto de quiebre que va más allá del monto del impuesto.
Aún cuando la tasa que actualmente se aplica en Chile -entre 0% y 5%- sea una de las más bajas del mundo (el royalty a la renta de los recursos naturales en países como Canadá, EEUU y Noruega fluctúa entre 8% y 35%) será el ingrediente legal el que le dará dolores de cabeza al equipo negociador de gobierno.
Hay que recordar que cuando se estableció el Royalty en el año 2005, se agregó un artículo al Decreto Ley 600 que especificaba la invariabilidad tributaria de hasta 15 años a las compañías mineras que suscribieran dicho acuerdo. Por ende una modificación a lo anterior, podría generar que dichas empresas recurran a tribunales internacionales por incumplimiento de los contratos celebrados, lo que sin duda afectaría la competitividad, credibilidad y solidez de nuestro país.
En el mejor de los casos, y de acceder las mineras a reformular el marco legal, se podría esperar que se sienten a la mesa de negociaciones aspirando a un alza leve y transitoria que no se mantenga más allá de ésta situación particular. ¿Será posible?
Por lo pronto, la capacidad de acercamiento para lograr un “nuevo trato” aparece como prioridad en la agenda.
